El Centro Nacional de Memoria Histórica publica hoy su informe sobre violencia contra periodistas.
Por: GERMÁN REY |
El 12 de marzo de 1993 unos sicarios asesinaron en su casa a Eustorgio Colmenares Baptista, fundador y director del periódico La Opinión de Cúcuta. Su crimen, aceptado por el Eln, fue declarado de lesa humanidad.
El 17 de diciembre de 1986, fue asesinado Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, a pocos metros de la sede del periódico.
Unos años después, el 16 de septiembre de 1999, dos sicarios ingresaron hasta la cafetería del hotel Los Cardones de Valledupar y acribillaron a Guzmán Quintero, jefe de redacción de El Pilón. Había publicado informaciones sobre grupos paramilitares y una grave denuncia sobre una acción militar.
Entre 1977 y 2015 fueron asesinados 152 periodistas colombianos por razón de su oficio. Entre 1986 y el 2004, Colombia ocupó los primeros lugares de la lista mundial de crímenes contra periodistas junto con Afganistán, la antigua Yugoeslavia, Rusia, Irak y Sierra Leona.
Solo entre 1986 y 1995 fueron asesinados 61 periodistas y en la década posterior, comprendida entre 1996 y el 2005, murieron otros 60. En total: 121. Lo que significa que solo en esos 20 años fue asesinado un 78 por ciento del total de periodistas que cayeron ejerciendo su oficio en 40 años.
Y a pesar que desde el 2004 el número de asesinatos de periodistas ha disminuido, han crecido otras situaciones como la autocensura, la obstrucción del oficio, el exilio y el secuestro, tal como lo confirma la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
El panorama del horror
Cuando se observa con detenimiento este panorama van apareciendo unos trazos que explican la magnitud de la catástrofe.
El conflicto armado interno que asuela el país desde hace décadas es la razón principal de estas muertes.
Cuando se recorre la lista de los periodistas colombianos asesinados se empiezan a revelar los verdaderos signos del desastre: diversidad de victimarios, diferentes modalidades del crimen, asociaciones delincuenciales, prácticas mafiosas, debilidades y fracturas del Estado, intervenciones estratégicas de los perpetradores, daños colectivos ocasionados por la eliminación sistemática de los informadores y un denso y persistente manto de impunidad. Y en el fondo, una sociedad que no salía de su sorpresa como también de su parálisis.
En el caso colombiano los victimarios fueron principalmente narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, algunos agentes del Estado (autoridades, organismos de seguridad, policías y miembros de fuerzas militares), bandas delincuenciales y políticos corruptos.
Cuando la magnitud del delito se ubica en una línea de tiempo, se observan fenómenos muy interesantes. Como en un proceso de metamorfosis los narcotraficantes se fueron convirtiendo en bandas de paramilitares o en socios muy efectivos de quienes bajo el manto de defensores de las arbitrariedades de la guerrilla, cooptaron rápidamente desde los gobiernos locales hasta el propio Congreso de la República.
Desde los 70 hasta ahora los narcotraficantes han tenido una particular relación con la información.
En un testimonio reciente una periodista antioqueña narró con una precisión escalofriante las amenazas que ha sufrido por revelar la existencia de las “polibandas”, alianzas criminales entre policías y el grupo de los denominados ‘Urabeños’, involucrados directamente en el negocio del narcotráfico. Sus artículos de denuncia le ocasionaron varios años de exilio.
Alianzas de la corrupción
Una alianza, sin embargo, ha sido completamente letal en el caso colombiano: la que une a la política con los actores armados ilegales. La variedad de las combinaciones son todas peligrosas.
Lo demuestra el caso del asesinato de Orlando Sierra, subdirector de La Patria de Manizales, que ha tenido un desenlace ejemplar.
Y excepcional. Es uno de los cuatro casos que se han revelado y sentenciado a todos los actores que intervinieron en su muerte, un mediodía del 2002.
El autor intelectual, Ferney Tapasco, gamonal político de Caldas, fue sentenciado por el Tribunal Superior de Manizales a 36 años, tres meses y un día de prisión.
En el transcurso de 13 años fueron asesinadas nueve personas involucradas de un modo u otro con el asesinato del periodista, y su autor material cayó tiroteado por la Policía en una escaramuza callejera cuando acababa de cometer otro crimen en Cali.
La corrupción desencadena casi de inmediato las iras y las represalias de los criminales. Si se revisan las publicaciones hechas por un grupo importante de periodistas colombianos antes de sus crímenes, se encuentran investigaciones sobre desfalcos, robos de servicios públicos, obras monumentales dejadas a mitad del camino tras la desaparición de los presupuestos y alianzas delincuenciales. La denuncia periodística muchas veces desencadena la violencia.
Las modalidades de los delitos contra los periodistas superan a la imaginación criminológica.
Hay periodistas que fueron asesinados dentro de las salas de sus casas, en autobuses o en sus automóviles, caminando por una calle o descansando en el solar de su casa.
También lo fueron en las cabinas de radio desde las que trasmitían sus informaciones, junto a las puertas de sus periódicos o a pocos metros de puestos de policía. Lo hicieron sicarios y asesinos a sueldo y una buena parte de ellos fueron atacados por desconocidos. Los expedientes de sus casos se fueron arrumando en el olvido y cerca de un 50 por ciento de sus delitos ya prescribieron.
No fueron frutos del azar o simplemente de embestidas irracionales de la crueldad. Por el contrario, detrás de cada una de las formas de violencia contra los periodistas colombianos existe casi siempre un proyecto intencionado, estratégico y diferenciado, que buscaba provocar el miedo, el silencio, el aleccionamiento o claramente la eliminación de quien era percibido como un enemigo.
Y todos estos fines, aunque se dirigían explícitamente contra las personas y sus medios de comunicación, terminaron impactando en las comunidades de cercanía y en general en la sociedad. Por eso se habla de daño colectivo y de medidas colectivas de reparación.
La tempestad en las regiones
Una tercera característica de esta cartografía de la violencia contra los periodistas es su carácter regional. El periodista regional y local colombiano está más cerca del epicentro de las confrontaciones bélicas, muy próximo a los actores violentos y en medio de zonas en donde el dominio territorial estaba en disputa entre actores ilegales y el Estado, eran circuitos de circulación del narcotráfico o áreas en que las tierras, la minería, los cultivos o la ganadería, atraían la capacidad depredadora y de robo de los violentos.
Con algunas excepciones las regiones no tienen un tejido comunicativo muy desarrollado. Solo unas pocas poseen una cantidad importante de medios de comunicación, pauta publicitaria significativa, centros de formación de periodistas y un número significativo de comunicadores. En muchas de ellas los periodistas son líderes de la comunidad, de la que son sus voceros conocidos y confiables, como también son los fiscalizadores de la acción de los gobernantes y por tanto la fuente más visible de investigaciones y denuncias.
Una de las grandes características de los periodistas de región es su extrema soledad. Y en esta soledad los periodistas se vieron enfrentados a la agresividad de los guerreros, a su animadversión y a la intención explícita de utilizarlos para cumplir objetivos.
Una cuarta característica de la violencia contra periodistas es su clara discriminación según tipo de medios. Los periodistas más afectados fueron los de prensa y especialmente los de radio. De 1977 a 2015 fueron asesinados 70 periodistas de radio. Con pocos diarios nacionales, Colombia es un país de periódicos regionales de gran arraigo y una multitud de pequeños emprendimientos periodísticos que son empresas unifamiliares, con redacciones mínimas, alcance local y una forma de propiedad que depende de una espada de Damocles: están muy supeditados a la pauta oficial. A esa situación se agrega el fuerte sesgo político que acompaña a la prensa escrita desde los tiempos de la colonia. Este sesgo se vuelve un arma de doble filo cuando el ejercicio de informar se hace en medio de un conflicto devastador y sin límites. Con un Estado ausente o en algunos casos inexistentes, el trabajo periodístico se realiza en medio de la indefensión y los peligros inminentes.
Impunidad: rasgo clave
Una quinta característica de la violencia contra periodistas es la del daño colectivo ocasionado por la muerte o la amenazas contra los informadores. En territorios en los que el periodista es prácticamente la única fuente de información de la comunidad, su desaparición ocasiona graves consecuencias para la colectividad.
Una sexta característica es la absoluta impunidad que han vivido los periodistas colombianos. Hay muchas circunstancias que la rodean: la ausencia de investigación, la desorientación intencionada de los rumbos correctos de las investigaciones a través de imputaciones falsas, los asesinatos de personas claves para la investigación y un sistema judicial enmarañado e ineficiente. Cerca del 50 por ciento de todos los crímenes contra periodistas en Colombia ya ha prescrito. Esto significa que judicialmente el tiempo para investigar, acusar y sentenciar ha finalizado y sus crímenes, sepultados en el olvido.
Una séptima característica es la atmósfera de intimidación que se agrega a los asesinatos de periodistas. Existe un conjunto de actuaciones que se cierne sobre la tarea informativa para generar presión o producir miedo: amenazas, autocensura, secuestro, tortura, bloqueo del oficio, desplazamiento o exilios, entre otras.
Si la impunidad envía un terrible mensaje a la sociedad, la amenaza genera una atmósfera viciada y constrictiva. El mensaje de la impunidad es que no cuesta nada asesinar a un periodista y la atmósfera es un entorno en el que ejercer el periodismo se convierte en un peligro real e inminente.
Una octava característica es el movimiento de resistencia que se dio dentro del periodismo, de organizaciones de la sociedad y del propio Estado colombiano. Ante la arremetida de los violentos se produjo un movimiento de solidaridad que permitió hacerle frente, de manera creativa y consistente, a los embates de los poderes ilegales.
La realidad del periodismo colombiano en estos años difíciles muestra algunos rasgos esperanzadores en medio de la oscuridad que han generado las amenazas y la violencia.
El senador Jaime Durán Barrera agregó que los responsables del fracaso del proyecto de Reficar deben ser requeridos ante el Congreso y la sociedad colombiana.
Bucaramanga , febrero 4 de 2016 (Prensa S. Jaime Durán).- Elsenador Jaime Enrique Durán Barreraaseveró que el escandaloso caso de la Refinería de Cartagena (Reficar), se convirtió en una mega estafa al patrimonio de los colombianos.
"El tema exige hacer un debate profundo en el Congreso de la República, porque es gravísimo el informe de la Contraloría cuando señala que en el plan maestro de Reficar se perdieron 4 mil millones de dólares. Una cifra que a los colombianos no nos cabe en la cabeza. Es el robo más grande que ha sucedido en toda la historia del país, por eso tiene que haber responsables y tienen que darle la cara al país", aseveró el senador liberal Jaime Durán Barrera.
Destacó que el Contralor Maya Villazón destapó lo que muchos "habíamos dicho hace más de siete años en el sentido de que ese negocio había empezado mal, se desarrolló mal y terminó mal".
Aseguró que cuando empezó el Plan Maestro de la Refinería de Cartagena, en el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe, con la Glencor, "el senador Hugo Serrano Gómez – QEPD- y nosotros en la Comisión V de la Cámara, advertimos que esa empresa no tenía la experiencia porque era especializada en carbón y no en refinación de crudo.
"De la misma manera denuncie directamente en Cartagena en las instalaciones ante el Presidente de la Refinería, que en la ejecución de ese proyecto se estaba desconociendo la industria y la mano de obra nacional", manifestó Durán Barrera.
Resaltó lo que finalmente se dio: "no fueron capaces de ejecutar el proyecto, se le reconocieron las mismas sumas de dinero que había pagado la Glencor para que Ecopetrol iniciara este proceso y siempre se cuestionó la modernización de esa refinería de Cartagena. O sea que el país tiene que saber la verdad y qué personas como Orlando Cabrales que fue el presidente de Reficar o la responsabilidad que le pueda caber al presidente de Ecopetrol de la época, Javier Gutiérrez y a todos los funcionarios públicos que intervinieron".
El senador santandereano, Durán Barrera, fue contundente en señalar que hubo una mega estafa y agregó que los responsables del fracaso del proyecto de Reficar deben ser requeridos ante el Congreso y la sociedad colombiana, "no sólo por el impacto de la no ejecución, sino de lo que pierde nuestra nación como Estado, ya que la negligencia de los entes de control y fiscalización, hubiesen detenido semejante catástrofe fiscal y peculado".
Dijo que la falta total de transparencia y el mal manejo de los procesos de control y fiscalización tienen actores precisos que deben comparecer ante la sociedad colombiana: los gerentes y Junta Directiva de Reficar, los auditores internos y externos, Ecopetrol, la Contraloría, e incluso, la Procuraduría.
Enfatizó que el proyecto pudo haber sido intervenido antes y no esperar lo que pasó: "convertirse en el peor caso de corrupción y peculado".
Anotó Durán Barrera que las investigaciones de campo en forma periódica y la supervisión programática, son herramientas de control útiles para evitar el despilfarro y la mala inversión de los dineros públicos.
Finalmente señaló que la celeridad de las investigaciones judiciales y la sanción política, de los responsables de ese desfalco, darán credibilidad a las instituciones para preservar el patrimonio de todos los colombianos.
Medellín, febrero 1 de 2016.-Esta semana, me desplacé hasta el departamento de La Guajira para adelantar una brigada de salud organizada por la Comisión de Derechos Humanos del senado, que presido. El objetivo de esta actividad era el de hacer veeduría a los avances en cuanto a las medidas cautelares que dictó, hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “para preservar la vida y la integridad personal” de los niños y adolescentes wayuus, ante la muerte por desnutrición de 4.770 niños de esa etnia, desde el 2007, contando la situación de sólo 900 de las 4.000 rancherías que hay en toda La Guajira.
Gracias a la ayuda de empresas y personas comprometidas, como la EPS Coosalud, la Fundación por la Vida y la Equidad y de médicos especialistas de Antioquia y de Atlántico, se pudo realizar una brigada para evaluar las condiciones de salud de casi 500 niños wayúu (300 en Manaure y 200 en la Alta Guajira) y de unos 100 adultos (en su mayoría, madres gestantes).
Este evento no contó con el apoyo del ICBF, pues, a la directora de esa entidad nos hemos cansado de invitarla a las actividades sobre la niñez que ha realizado la Comisión, pero nunca ha asistido. Invitamos al Ministerio de Salud a vincularse a esta iniciativa, pero, por problemas de tramitología, no nos pudo apoyar. ¡Este país!
Aprovechamos, entonces, para verificar con independencia y sobre el terreno, el cumplimiento de las medidas cautelares.
Durante tres días, confirmamos las denuncias de líderes wayuus independientes, de que el abandono por parte del Estado es sistemático: más del 80% de los niños que atendimos sufren de desnutrición crónica. A medida que se asciende a la Alta Guajira, la desnutrición es más severa y más generalizada. La lactancia materna se extiende hasta el próximo embarazo, porque los niños no tienen nada más para alimentarse. Esto estaría bien, pero son madres desnutridas que no están pasando los nutrientes necesarios a sus hijos.
Constatamos abundancia de problemas por parásitos, conjuntivitis, infecciones intestinales, respiratorias y de la piel causadas por un sistema inmunológico debilitado a causa de la desnutrición y de la falta de agua. La simple evaluación de la coloración, cantidad y calidad del pelo de estos niños sirve fácilmente para diagnosticar el déficit nutricional en que se encuentran. Hay, además, infestaciones de piojos, que producen enfermedad en los niños. Y, por la falta de agua, las condiciones de aseo son sumamente precarias y los servicios sanitarios, pésimos, lo cual provoca que las enfermedades contagiosas se propaguen con mayor facilidad. El riesgo de tuberculosis es muy alto.
Los niños se siguen muriendo de desnutrición, sin poder ser atendidos en centros hospitalarios, pues los que hay en el perímetro están destruidos y abandonados. Muchos niños no están registrados y muchos otros, que sí lo están, no tienen ninguna cobertura por parte de alguna EPS ni del Sisbén.
El gobierno les prometió pozos a estas comunidades y no cumplió, y los pocos que hay no funcionan. Aunque siempre han padecido la carencia de agua, ahora, esta es más fuerte que nunca. Y, como donde no hay agua, no hay vida, los cactus se murieron, los chivos no tienen qué comer y son escasas las crías de pollos o gallinas.
Fue difícil acceder a estos sitios, a causa de la precariedad de las rutas. Pero, cuando llegamos, nos dimos cuenta de que la crisis no es solamente de desnutrición y salubridad, sino también de educación, de vivienda y de formas de sustento.
Para resumir, lo que hallamos fue poblaciones totalmente desamparadas por el Estado. Los niños que logran sobrevivir al hambre quedan marcados para siempre con una cicatriz biológica causada por su desnutrición crónica. Faltan programas, infraestructura y especialistas en atención a salud primaria y promoción de la salud. Hasta el momento, no se nota ningún avance del ICBF hacia el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. La negligencia por parte de las instituciones responsables del cuidado de estas comunidades es indignante.
Al constatar, una vez más, la gravedad de la crisis de desnutrición en La Guajira (sin hablar de la que padecen los niños del Vaupés, de Vichada o del Chocó) y la falta de acuciosidad y de aplomo del ICBF para asumir la responsabilidad y enfrentar esta tragedia, debo reiterar que a Cristina Plazas le quedó grande el ICBF.
El Gobierno no puede mantener en sus cargos a funcionarios de libre nombramiento y remoción que han fracasado estrepitosamente en el ejercicio de sus funciones, que incluyen responder por la vida de personas, particularmente de niños.
Como comisión de Derechos Humanos del senado, haremos los controles pertinentes y acudiremos a la Procuraduría General de la Nación para que inicie una necesaria investigación sobre este drama, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la obstinada ineficiencia y la corrupción probada en el ICBF.
De acuerdo con la mesa Ambiental de los cerros de Bogotá, el incendio en los cerros orientales pudo ser ocasionado por los militares del batallón de logística del ejercito quienes realizaban sus prácticas de tiro en el sitio, ocasionando deposición de material explosivo en la zona. lo que lleva a pensar que el incendio se inició por esa actividad.
La mayor preocupación de los habitantes es que el incendio se encuentra ubicado inmediaciones del rio Fucha lo cual podría afectar el abastecimiento de agua a por lo menos cinco localidades de la ciudad.
por otro lado la comunidad asegura que el incendio persiste debido a la a que no existen vías ni capacidad de respuesta institucional que permita un buen manejo de la situación.
El incendio que ya se extendió a 18 hectáreas de los cerros orientales tiene a los bogotanos mirando hacia arriba. Desde múltiples zonas de la ciudad, los habitantes observan la mancha de humo en lo más alto de la localidad de San Cristóbal.
Elhumo, que aún se siente en el ambiente, ya ha alcanzado zonas distantes como el Jardín Botánico (calle 63 con carrera 68) y la Plaza de Banderas (localidad de Kennedy).Por eso, los ciudadanos esperan que los bomberos, la Defensa Civil, el Ejército y la Policía, en un dispositivo que este martes sumó 200 hombres, puedan contener las llamas.
Vea a través de nuestroPeriscope cómo se combate el fuegoen los cerros orientales desde el aire
El lunes, día en que el Distrito informó que el fuego se inició en el interior del Batallón de Logística del Ejército (9 de la mañana) 100 personas atendieron el problema. Bomberos señaló en la mañana de este miércoles que 600 efectivos de los distintos cuerpos trabajan en contener las llamaradas. (En imágenes:Bomberos y ciudadanos siguen luchando por extinguir incendio en los Cerros Orientales)
Además, el alcalde Enrique Peñalosa informó queeste miércoles los apoyarán seis helicópteros de la Fuerza Aérea, los cuales descargan agua sobre los focos incendiarios.Este martes, dos de estos aparatos cumplieron con tal función. El Gobierno Nacional también expresó su preocupación y por eso le extendió su mano a Bogotá.
Evacuados
Al mediodía de este martes, el centro de la ciudad se conmocionó. Por efecto de los vientos, que no solo han ayudado a embravecer las llamas sino que empujaron el humo hasta las calles, el Distrito ordenó laevacuación de colegios y entidades públicas. Una espesa niebla recorrió los meandros de edificios, plazas y negocios. En la Procuraduría, Congreso y varios ministerios la evacuación fue una sugerencia, no una orden, por lo que acabaron casi vacías al finalizar la hora del almuerzo. En ese momento se declaró la alerta amarilla en la capital.
“El patio del colegio y los salones se inundaron de humo como a la una de la tarde. Por eso nos dejaron ir para la casa”, expresó Lina Rodríguez, estudiante de undécimo en el Colegio Mayor San Bartolomé, en plena esquina de la plaza de Bolívar. Ella usó la manga de su buzo como tapabocas. (Lea también:Así vivieron emergencia del incendio en varios puntos de San Cristóbal)
Por la calle 19 y avenida Jiménez, por ejemplo, una sutil pero evidente alfombra de ceniza cubrió el asfalto y los andenes. Sendas acumulaciones de minúsculos fragmentos de hojas quemadas se vieron a lo largo y ancho de esa zona.
Pese a las dificultades con el precio del petróleo, las acciones locales se valorizaron 1,85 por ciento en enero.
Como no ocurría hace mucho tiempo, y menos en la actual coyuntura complicada que enfrentan los mercados, las acciones colombianas finalizaron en limpio el primer mes del año.
El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que mide los principales 20 títulos que se transan, cerró el viernes en 1.175 puntos, con lo cual acumuló una valorización de 1,85 por ciento durante enero.
Y es que, a pesar de que hubo días muy difíciles en enero por cuenta de la volatilidad internacional y de la profundización en la caída de los precios del petróleo, lo cierto es que muchos inversionistas que recompusieron sus portafolios ayudaron a que varias de las acciones se recuperaran.
Las que subieron
Según las estadísticas, el título de mayor alza en lo corrido del año es Isagén, con un incremento de 15,5 por ciento.
Dicha valorización era de esperarse, luego de que se concretara la venta de la compañía a la firma extranjera Brookfield (de Canadá).
Como esa transacción se hizo solo con el 57,6 por ciento de las acciones que estaban en manos del Gobierno, el nuevo dueño deberá hacer una subasta para que los accionistas minoritarios puedan venderles sus acciones al mismo precio que el Gobierno.
De ahí que el precio de la acción haya subido, al punto que ya se acerca a los 4.130 pesos de la subasta. El segundo lugar fue para la acción de Bancolombia preferencial, con un aumento de 11,02 por ciento, seguida por Celsia, con 9,11 por ciento.
Otros títulos con aumentos por encima del Colcap fueron Bancolombia Ordinaria, Grupo Argos preferencial y ordinaria, Davivienda y Nutresa.
Sin embargo, hubo un grupo importante de compañías que mantuvo los números rojos.
La más fuerte desvalorización corrió por cuenta de Pacific, con una pérdida del 49 por ciento.
En menor proporción retrocedieron Avianca (8,85 por ciento) y Ecopetrol, que cerró el viernes pasado en 1.030 pesos, que representan una caída de 7,21 por ciento en enero.
En la lista de acciones con menores precios, frente al nivel con el que empezaron el año, están Banco de Bogotá, Cemex Latam Holdings, Empresa de Energía de Bogotá, Grupo Aval, Cementos Argos y Bolsa de Valores de Colombia.
