El pasado miércoles 2 de octubre, la Plenaria del Senado eligió a Gregorio Eljach Pacheco como Procurador General de la Nación para el periodo 2025-2029, en reemplazo de la saliente procuradora Margarita Cabello Blanco.
Durante esta sesión, los senadores votaron sobre los impedimentos presentados y, posteriormente, la Comisión de Acreditación Documental del Senado confirmó la acreditación de los tres candidatos propuestos. Luis Felipe Henao, nominado por el Consejo de Estado; Germán Varón Cotrino, postulado por la Corte Suprema de Justicia, y Gregorio Eljach, por el Presidente de la República, presentaron sus exposiciones y argumentos ante la plenaria.
Tras las intervenciones, Eljach fue elegido con 95 votos a favor. Henao recibió tres votos, Varón Cotrino dos y se registraron tres votos en blanco.
En el día de su elección Eljach señalo que su gestión al frente de la Procuraduría estaría enfocada en fortalecer la institución, garantizando el estricto cumplimiento de la Constitución, manteniendo una presencia activa en los territorios y trabajando en cercanía con las comunidades.
En su presentación oficial como Procurador General de la Nación el pasado 16 de Enero de 2025 en Bogotá, D.C , Gregorio Eljach Pacheco, se refirió a las principales líneas de acción que marcarán su gestión durante los próximos 4 años. Con un enfoque centrado en el diálogo, la descentralización, la lucha contra la corrupción y la protección de los sectores más vulnerables, el nuevo jefe del Ministerio Público busca consolidarse como un agente clave en la construcción de consensos, la defensa de los derechos y el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Además se refirió que priorizará la presencia en regiones apartadas y la protección de la infancia como ejes fundamentales de su gestión ya que esto lo liderara a través de visitas regionalizadas, se fortalecerá la atención a comunidades vulnerables para garantizar sus derechos.
Finalmente el nuevo procurador, reafirmó su compromiso con sectores sociales vulnerables, como la población carcelaria, los grupos étnicos, los líderes sociales, los migrantes y las víctimas del conflicto, enfatizando en la importancia de una justicia pronta y cumplida, en colaboración con las altas cortes.
Esperamos se defienda la institucionalidad y se fortalezca la separación de poderes.
La Selección de Holanda y el colombiano Fabián Puerta, salieron a hombros del velódromo Alcides Nieto Patiño al aparecer como los grandes protagonistas de la Copa Mundo de Ciclismo de Pista UCI Cali 2015, que con todo éxito finalizó esta noche ante un escenario repleto de entusiastas caleños que ratificaron su prestigio a nivel mundial.
Holanda ganó la Copa de Cali y Alemania fue el campeón en el acumulado de las tres validas, pero el colombiano Fabián Puerta fue otro de los grandes vencedores al quedarse por primera vez en la historia para Colombia con dos títulos en la general final, el Keirin y la Velocidad.
El Centro Nacional de Memoria Histórica publica hoy su informe sobre violencia contra periodistas.
Por: GERMÁN REY |
El 12 de marzo de 1993 unos sicarios asesinaron en su casa a Eustorgio Colmenares Baptista, fundador y director del periódico La Opinión de Cúcuta. Su crimen, aceptado por el Eln, fue declarado de lesa humanidad.
El 17 de diciembre de 1986, fue asesinado Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, a pocos metros de la sede del periódico.
Unos años después, el 16 de septiembre de 1999, dos sicarios ingresaron hasta la cafetería del hotel Los Cardones de Valledupar y acribillaron a Guzmán Quintero, jefe de redacción de El Pilón. Había publicado informaciones sobre grupos paramilitares y una grave denuncia sobre una acción militar.
Entre 1977 y 2015 fueron asesinados 152 periodistas colombianos por razón de su oficio. Entre 1986 y el 2004, Colombia ocupó los primeros lugares de la lista mundial de crímenes contra periodistas junto con Afganistán, la antigua Yugoeslavia, Rusia, Irak y Sierra Leona.
Solo entre 1986 y 1995 fueron asesinados 61 periodistas y en la década posterior, comprendida entre 1996 y el 2005, murieron otros 60. En total: 121. Lo que significa que solo en esos 20 años fue asesinado un 78 por ciento del total de periodistas que cayeron ejerciendo su oficio en 40 años.
Y a pesar que desde el 2004 el número de asesinatos de periodistas ha disminuido, han crecido otras situaciones como la autocensura, la obstrucción del oficio, el exilio y el secuestro, tal como lo confirma la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
El panorama del horror
Cuando se observa con detenimiento este panorama van apareciendo unos trazos que explican la magnitud de la catástrofe.
El conflicto armado interno que asuela el país desde hace décadas es la razón principal de estas muertes.
Cuando se recorre la lista de los periodistas colombianos asesinados se empiezan a revelar los verdaderos signos del desastre: diversidad de victimarios, diferentes modalidades del crimen, asociaciones delincuenciales, prácticas mafiosas, debilidades y fracturas del Estado, intervenciones estratégicas de los perpetradores, daños colectivos ocasionados por la eliminación sistemática de los informadores y un denso y persistente manto de impunidad. Y en el fondo, una sociedad que no salía de su sorpresa como también de su parálisis.
En el caso colombiano los victimarios fueron principalmente narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, algunos agentes del Estado (autoridades, organismos de seguridad, policías y miembros de fuerzas militares), bandas delincuenciales y políticos corruptos.
Cuando la magnitud del delito se ubica en una línea de tiempo, se observan fenómenos muy interesantes. Como en un proceso de metamorfosis los narcotraficantes se fueron convirtiendo en bandas de paramilitares o en socios muy efectivos de quienes bajo el manto de defensores de las arbitrariedades de la guerrilla, cooptaron rápidamente desde los gobiernos locales hasta el propio Congreso de la República.
Desde los 70 hasta ahora los narcotraficantes han tenido una particular relación con la información.
En un testimonio reciente una periodista antioqueña narró con una precisión escalofriante las amenazas que ha sufrido por revelar la existencia de las “polibandas”, alianzas criminales entre policías y el grupo de los denominados ‘Urabeños’, involucrados directamente en el negocio del narcotráfico. Sus artículos de denuncia le ocasionaron varios años de exilio.
Alianzas de la corrupción
Una alianza, sin embargo, ha sido completamente letal en el caso colombiano: la que une a la política con los actores armados ilegales. La variedad de las combinaciones son todas peligrosas.
Lo demuestra el caso del asesinato de Orlando Sierra, subdirector de La Patria de Manizales, que ha tenido un desenlace ejemplar.
Y excepcional. Es uno de los cuatro casos que se han revelado y sentenciado a todos los actores que intervinieron en su muerte, un mediodía del 2002.
El autor intelectual, Ferney Tapasco, gamonal político de Caldas, fue sentenciado por el Tribunal Superior de Manizales a 36 años, tres meses y un día de prisión.
En el transcurso de 13 años fueron asesinadas nueve personas involucradas de un modo u otro con el asesinato del periodista, y su autor material cayó tiroteado por la Policía en una escaramuza callejera cuando acababa de cometer otro crimen en Cali.
La corrupción desencadena casi de inmediato las iras y las represalias de los criminales. Si se revisan las publicaciones hechas por un grupo importante de periodistas colombianos antes de sus crímenes, se encuentran investigaciones sobre desfalcos, robos de servicios públicos, obras monumentales dejadas a mitad del camino tras la desaparición de los presupuestos y alianzas delincuenciales. La denuncia periodística muchas veces desencadena la violencia.
Las modalidades de los delitos contra los periodistas superan a la imaginación criminológica.
Hay periodistas que fueron asesinados dentro de las salas de sus casas, en autobuses o en sus automóviles, caminando por una calle o descansando en el solar de su casa.
También lo fueron en las cabinas de radio desde las que trasmitían sus informaciones, junto a las puertas de sus periódicos o a pocos metros de puestos de policía. Lo hicieron sicarios y asesinos a sueldo y una buena parte de ellos fueron atacados por desconocidos. Los expedientes de sus casos se fueron arrumando en el olvido y cerca de un 50 por ciento de sus delitos ya prescribieron.
No fueron frutos del azar o simplemente de embestidas irracionales de la crueldad. Por el contrario, detrás de cada una de las formas de violencia contra los periodistas colombianos existe casi siempre un proyecto intencionado, estratégico y diferenciado, que buscaba provocar el miedo, el silencio, el aleccionamiento o claramente la eliminación de quien era percibido como un enemigo.
Y todos estos fines, aunque se dirigían explícitamente contra las personas y sus medios de comunicación, terminaron impactando en las comunidades de cercanía y en general en la sociedad. Por eso se habla de daño colectivo y de medidas colectivas de reparación.
La tempestad en las regiones
Una tercera característica de esta cartografía de la violencia contra los periodistas es su carácter regional. El periodista regional y local colombiano está más cerca del epicentro de las confrontaciones bélicas, muy próximo a los actores violentos y en medio de zonas en donde el dominio territorial estaba en disputa entre actores ilegales y el Estado, eran circuitos de circulación del narcotráfico o áreas en que las tierras, la minería, los cultivos o la ganadería, atraían la capacidad depredadora y de robo de los violentos.
Con algunas excepciones las regiones no tienen un tejido comunicativo muy desarrollado. Solo unas pocas poseen una cantidad importante de medios de comunicación, pauta publicitaria significativa, centros de formación de periodistas y un número significativo de comunicadores. En muchas de ellas los periodistas son líderes de la comunidad, de la que son sus voceros conocidos y confiables, como también son los fiscalizadores de la acción de los gobernantes y por tanto la fuente más visible de investigaciones y denuncias.
Una de las grandes características de los periodistas de región es su extrema soledad. Y en esta soledad los periodistas se vieron enfrentados a la agresividad de los guerreros, a su animadversión y a la intención explícita de utilizarlos para cumplir objetivos.
Una cuarta característica de la violencia contra periodistas es su clara discriminación según tipo de medios. Los periodistas más afectados fueron los de prensa y especialmente los de radio. De 1977 a 2015 fueron asesinados 70 periodistas de radio. Con pocos diarios nacionales, Colombia es un país de periódicos regionales de gran arraigo y una multitud de pequeños emprendimientos periodísticos que son empresas unifamiliares, con redacciones mínimas, alcance local y una forma de propiedad que depende de una espada de Damocles: están muy supeditados a la pauta oficial. A esa situación se agrega el fuerte sesgo político que acompaña a la prensa escrita desde los tiempos de la colonia. Este sesgo se vuelve un arma de doble filo cuando el ejercicio de informar se hace en medio de un conflicto devastador y sin límites. Con un Estado ausente o en algunos casos inexistentes, el trabajo periodístico se realiza en medio de la indefensión y los peligros inminentes.
Impunidad: rasgo clave
Una quinta característica de la violencia contra periodistas es la del daño colectivo ocasionado por la muerte o la amenazas contra los informadores. En territorios en los que el periodista es prácticamente la única fuente de información de la comunidad, su desaparición ocasiona graves consecuencias para la colectividad.
Una sexta característica es la absoluta impunidad que han vivido los periodistas colombianos. Hay muchas circunstancias que la rodean: la ausencia de investigación, la desorientación intencionada de los rumbos correctos de las investigaciones a través de imputaciones falsas, los asesinatos de personas claves para la investigación y un sistema judicial enmarañado e ineficiente. Cerca del 50 por ciento de todos los crímenes contra periodistas en Colombia ya ha prescrito. Esto significa que judicialmente el tiempo para investigar, acusar y sentenciar ha finalizado y sus crímenes, sepultados en el olvido.
Una séptima característica es la atmósfera de intimidación que se agrega a los asesinatos de periodistas. Existe un conjunto de actuaciones que se cierne sobre la tarea informativa para generar presión o producir miedo: amenazas, autocensura, secuestro, tortura, bloqueo del oficio, desplazamiento o exilios, entre otras.
Si la impunidad envía un terrible mensaje a la sociedad, la amenaza genera una atmósfera viciada y constrictiva. El mensaje de la impunidad es que no cuesta nada asesinar a un periodista y la atmósfera es un entorno en el que ejercer el periodismo se convierte en un peligro real e inminente.
Una octava característica es el movimiento de resistencia que se dio dentro del periodismo, de organizaciones de la sociedad y del propio Estado colombiano. Ante la arremetida de los violentos se produjo un movimiento de solidaridad que permitió hacerle frente, de manera creativa y consistente, a los embates de los poderes ilegales.
La realidad del periodismo colombiano en estos años difíciles muestra algunos rasgos esperanzadores en medio de la oscuridad que han generado las amenazas y la violencia.
Gobierno de Santos debe organizar plan inmediato para resolver crisis del pueblo guajiro. Cierre de la frontera sumado a problemas estructurales agrava la crisis.
Bogotá D.C., febrero 11 de 2016 (Prensa S. Jorge Robledo).- Ante las reiteradas muertes de niños de la etnia indigena Wayúu por desnutrición y causas asociadas a la misma, el senador Jorge Enrique Robledo le hizo un fuerte llamado de atención al gobierno nacional para que tome cartas en el asunto y actúe de manera inmediata para evitar que más niños sigan muriendo por la falta de alimentos.
Robledo rechazó las declaraciones de funcionarios del gobierno tendientes a desconocer la gravedad de la problemática y añadió que no se puede buscar la fiebre en las sábanas, sino que se debe apuntar a resolver las causas reales de la crisis humanitaria como el acceso al agua potable, la postración agrícola de la región y el cierre de la frontera con Venezuela.
El senador polista recordó algunas cifras del drama social que vive La Guajira donde la cobertura en acueducto apenas es del 51,64% y de alcantarillado de 38,96%; el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de 65,23% y la desnutrición crónica del 27%, ubicándose como una de las más altas del país. Según el Cómite Cívico de La Guajira el 58% de los guajiros sobreviven con menos de 200 mil pesos mensuales y un 38% con menos de 90 mil pesos (http://bit.ly/1lOPdkU).
Robledo afirmó que “sea lo que sea que el gobierno este haciendo, los hechos demuestran que ha sido insuficiente” al tiempo que le exigió al gobierno adelantar un plan de emergencia y aportar recursos para dar solución al problema de la desnutrición infantil en La Guajira.
A los problemas estructurales de desempleo y pobreza de la región hay que agregarle que los cinco meses que lleva cerrada la frontera con Venezuela han agravado sobremanera la situación social de los pobladores del departamento pues se han visto afectados tanto la economía del departamento como la vida cotidiana de los pobladores de la frontera.
De acuerdo con la mesa Ambiental de los cerros de Bogotá, el incendio en los cerros orientales pudo ser ocasionado por los militares del batallón de logística del ejercito quienes realizaban sus prácticas de tiro en el sitio, ocasionando deposición de material explosivo en la zona. lo que lleva a pensar que el incendio se inició por esa actividad.
La mayor preocupación de los habitantes es que el incendio se encuentra ubicado inmediaciones del rio Fucha lo cual podría afectar el abastecimiento de agua a por lo menos cinco localidades de la ciudad.
por otro lado la comunidad asegura que el incendio persiste debido a la a que no existen vías ni capacidad de respuesta institucional que permita un buen manejo de la situación.
Elvocero de Transmilenio, Huberto Gómez,aseguró que las campañas que tienen como fin generar conciencia a los usuarios que usan el sistema ya están listas para implementarse y anunció unamillonaria inversión para reparar las puertas de las estaciones del sistema que se encuentra averiadas.
Explicó que la educación es la herramienta más importante en lalucha contra el vandalismo, que dejamillonarias pérdidas para la empresa y la ciudad.
“Se invertirán más de 9.000 millones de pesos en arreglo de puertas dañadas que, los malos usuarios, han dañado al forzarlas, ya sea para meterse sin pagar o simplemente para mirar si viene el articulado que les sirve”, manifestó Gómez en declaraciones a Caracol Radio.
Gómez comentó además, que luego de un estudio adelantado con la Universidad Nacional, se decretó que el97% de los usuarios tienen un buen comportamiento en el sistema de transporte, por lo que los daños son causados apenas por unporcentaje menor al 3% de la población.
“Antes a quienes provocaban los daños en las estaciones simplemente se retiraban del sistema, ahora y con el apoyo de lapolicía judicialque se encuentra en los recorridos vamos a cobrarles los daños provocados”, explica el portavoz.
La estaciones con mayores daños en las puertas son: Las Aguas, Museo del Oro, Jiménez, Calle 19, Calle 26, Calle 45, Calle 63, Calle 67, Calle 72, Calle 76, Calle 85, Virrey, Calle 100, Calle 106, Calle 116, Calle 127, Carrera 68, Carrera 53, Escuela Militar, El Polo y Ricaurte.
