El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que revive la polémica de la "Ley Lleras". La iniciativa, tal y como lo contemplaba la anterior, busca modificar la legislación e introducir nuevas regulaciones para cumplir con el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos con ocasión del TLC.

El proyecto pretende llenar el vacío que dejó para el Gobierno lo ocurrido con la Ley 1520 que fue sancionada el 13 de abril de 2012 y más tarde declarada inexequible por la Corte Constitucional por vicios de forma en su trámite. En esta oportunidad los titulares del proyecto son los ministros del Interior, Fernando Carrillo, y de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados.

Para el senador Camilo Romero, quien desde el congreso se opuso al trámite de la anterior iniciativa, se trata de un proyecto con "la misma esencia, parece un copy-paste del anterior". El legislador sostiene que al radicar esta iniciativa "el Gobierno insiste en atropellar la libertad de expresión, que en Colombia no solo es atacada por los ilegales, sino por el propio Estado".

En cuanto al futuro que le espera al trámite en el órgano legislativo, Romero agrega que la experiencia con la rápida aprobación de la Ley 1520 permite evidenciar que "el Congreso nuevamente estará dispuesto a aprobar este atropello sin ni siquiera entender cómo funciona internet".

Con la posición de Romero coinciden organizaciones como el el colectivo RedPaTodos que mediante un comunicado en su sitio web se expresa en contra de la reaparición de la llamada "Ley Lleras" y rechaza la ausencia de escenarios para socializar el tema: "este tipo de regulaciones deberían pasar por el consenso y la discusión previa. Aunque no nos sorprende que la salida del Gobierno siempre sea presentar estas normas de espaldas a la opinión pública, hay un dejo de desconcierto que parte del hecho de que no se aprenda de las lecciones pasadas".

Sin embargo, el texto asegura que tiene el propósito, además de cumplir con los compromisos adquiridos en el acuerdo con Estados Unidos, de "proporcionar una protección legal apropiada a los autores, intérpretes musicales y audiovisuales, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión".

En ese sentido, agrega el texto, "existen razones suficientes para que el Estado colombiano ofrezca a sus autores y artistas una sólida estructura jurídica que garantice en el ejercicio de su profesión una forma de vida digna y en consecuencia la consolidación de nuestra identidad como nación".

Por ahora el tema en las redes sociales no ha tomado las dimensiones de las manifestaciones en contra que acompañaron su su discusión en las oportunidades previas, sin embargo, ya aparecen voces de alerta y expresiones que invitan a la movilización en contra del trámite legislativo.